A pesar del tratamiento que se otorga a este delito en nuestro Código Penal, es evidente que no responde a las exigencias doctrinales en materia urbanística.Su regulación actual tampoco está libre ni de reparos -la norma española que lo regula es una ley penal en blanco{ es decir, se tiene que acudir a una amplia, prolija, profusa y variada normativa administrativa tanto estatal como autonómica o local para integrar el tipo penal del Art. 139 CP- ni de numerosos problemas que la autora trata de solucionar con propuestas concretas: desde su fórmula para que no haya dudas a la hora de que el juez interprete quién es promotor, constructor o técnico director hasta la de restringir la conducta típica de este delito a la acción de construir (que también comprendería la de edificar) pasando por los inconvenientes que presentan las expresiones "no autorizada" y "no autorizable", las ventajas de considerarlo como delito de resultado o el carácter imprescindible -a efectos penales- de la obtención de una licencia para todo acto de construcción o de uso del suelo. De esta forma, el análisis de la doctora Sánchez Domingo es un completo estudio de los riesgos que conlleva la actual redacción del mencionado Art. 319 CP, sobre todo en lo que afecta a los principios de igualdad, tipicidad y seguridad jurídica.El trabajo se divide en dos partes:· La primera se dedica al estudio del bien jurídico tutelado (al que la autora considera delito material) así como a la técnica empleada por el legislador para regularlo (la ley penal en blanco) con sus evidentes problemas de interpretación.· La segunda se refiere al análisis de los tipos objetivo y subjetivo -un detallado análisis de todas las cuestiones que conlleva la descripción típica de las conductas de construir y edificar así como los sujetos que las llevan a cabo- y de las formas imperfectas de ejecución.
